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El optimismo suicida de los grandes editores españoles pone en evidencia su atraso digital

Artículo de Media Tics

El optimismo suicida de los grandes editores españoles pone en evidencia su atraso digital

La semana pasada se presentó en Madrid «El Libro Blanco de la Prensa 2014» elaborado por la Asociación de Editores de Diarios Españoles con datos de la consultora Deloitte. Poco menos que echaron las campanas al vuelo por un aumento de los ingresos publicitarios del 1% en este año que termina, tras siete ejercicios de retrocesos. El director general de la Asociación, José Gabriel González, afirmó que el sector de los diarios «pronto estará en condiciones de volver a crear empleo y generar riqueza». Tal optimismo choca de frente con los datos que el mismo informe aporta y evidencia la senda equivocada por la que transita ese sector, principal impulsor de la llamada Tasa Google.

Los diarios asociados a AEDE obtendrán este año un resultado operativo conjunto estimado de 14,4 millones de euros, pero en realidad serán pérdidas en torno a 20 millones por el pago de los intereses de la deuda. La caída conjunta de la difusión vuelve a marcar otro «número rojo» en torno al 8%, tras un descenso del 11,6% en año anterior. Las empresas matrices de los grupos han tenido que acudir al rescate de muchas cabeceras, hasta el punto en el que las obligaciones de los diarios respecto a sus grupos mediáticos se disparan hasta los 592 millones de euros. En resumen, otro año espantoso para los diarios, que suaviza su desplome por los recortes en gastos y en plantillas, más que por una mejora real. Una ligera mejoría en los ingresos publicitarios en los últimos meses del año que ahora termina, en parte como consecuencia de la relativa reactivación económica general, para nada invierte una tendencia arrolladora hacia el hundimiento del sector. Y las redacciones están ya bajo mínimos.

Con la presentación del mencionado informe, Luis Enríquez (Vocento) aprovechaba para dejar paso a José Luis Sainz (Prisa) al frente de la AEDE. Sainz tiene ante sí la difícil tarea de cambiar de rumbo y llevar adelante una verdadera reconversión digital de los diarios. La prensa tradicional española está muy retrasada en su transición digital en términos relativos con grupos editoriales de otros mercados como el británico o el alemán. Axel Springer, por ejemplo, ya registra una facturación digital por encima del 50% de la facturación total. Parecido es el caso del rotativo económico británico «Financial Times». La publicidad digital representó el año pasado en España el 17% de los ingresos publicitarios totales, no de la facturación total, que es el ratio más usado internacionalmente. De los ingresos de la publicidad digital en España (137 millones en 2013) , Google se lleva la parte del león. Luego, Elpais.com y Elmundo.es se llevan otro mordisco sensible, junto con 20minutos.com. Quedan menguadas migajas para todos los demás. Y los ingresos reales de los quioscos digitales, Kiosko y Más, Orbyt, son tan escasos que nadie quiere confesarlos. Ese es el trágico panorama, con unas webs que aún son meros trasuntos de las ediciones en papel y unos diarios empobrecidos, encanallados en luchas partidistas y en menudeo político de corto alcance, declaraciones «corre, ve y dile», ruedas de prensa sin preguntas, pleitesía ante los poderes fácticos, publicidades más o menos encubiertas y conservadurismo cortoplacista, en medio de un mundo en el que le tecnología desborda todas las previsiones y desestabiliza todos los negocios. ¿Cree alguien de verdad que la llamada Tasa Google (que Google jamás pagará por enlazar noticias) puede aliviar este preocupante panorama, no solo para las empresas editoras, sino también para la calidad de nuestra democracia?

 

Leer artículo completo aquí de Miguel Ormaetxea

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UPyD llevará al Parlamento Europeo la lucha contra la LPI

Artículo de «elDiario.es» 

Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD | Foto: Marilín Gonzalo

Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD | Foto: Marilín Gonzalo

«Es una ley que está hecha con una ignorancia absoluta de lo que es internet: nosotros estamos alucinados”. Son las palabras de Carlos Martínez Gorriarán, el número dos de UPyD en el Congreso, quien citó a periodistas para explicar cómo ven ellos la reforma de la  Ley de Propiedad Intelectual (LPI)recientemente aprobada, las consecuencias que puede tener y su situación jurídica.

Después de que se conociera que el proyecto de LPI presentado por el Gobierno en la Comisión Europea iba sin el artículo que hablaba de la tasa AEDE (el 32.2), UPyD preguntó a la Comisión qué medidas iba a tomar al respecto. Esta pregunta, según Martínez Gorriarán, a día de hoy no ha sido contestada, a pesar de que la Comisión tenía tres semanas de plazo, lo que se cumplió alrededor del 17 de octubre. «Probablemente no la han pasado porque esté sometida a una cuestión prejudicial en Luxemburgo, porque la tasa AEDE, además de otras cuestiones que pueden surgir, va en contra de la libre competencia, contra las directivas europeas, por lo menos así lo interpretamos nosotros y mucha gente”, comentó Gorriarán. 

En este sentido, UPyD va a hacer propuestas en el Pleno Europeo. Gorriarán explica que el Parlamento Europeo tiene una competencia legislativa muy limitada, pero tiene la capacidad de iniciativa legislativa, así que puede proponer a la Comisión que haga determinadas cosas. 

«Se puede proponer que el Parlamento Europeo pida a la Comisión una directiva mucho más explícita y que de alguna manera derogue o prohíba normas de los Estados miembros que vayan contra el derecho a la información, que establezca privilegios para determinados modelos de negocio. Ahí hay mucho recorrido, porque normalmente las directivas son muy genéricas y luego se van desarrollando a través de la litigiosidad”. 

La reforma de la LPI, tal como fue aprobada en España, «crea una desigualdad flagrante entre los grandes medios y otros digitales, y más que los medios son las empresas. Cuando hablamos de la tasa Google parece que es un problema de los medios de comunicación como tales, y no lo es. Es de empresas”, señala Gorriarán. «No es lo mismo los grupos de comunicación que se han visto afectados por la crisis y han tenido que buscar cómo adaptarse, que el trabajo que hacen los medios como tales. Los grupos empresariales han buscado la protección de los gobiernos, para blindar su modelo de negocio, entonces se les ocurrió la brillante idea de cobrar la tasa dichosa”.

Una serie de tasas exóticas

Eso no es todo según el diputado de UPyD, que considera que en España, esto se encuentra agravado por una «serie de tasas exóticas que se han inventado, que son escandalosas, como la del derecho a cita, que os recuerdo, es que las universidades y las bibliotecas públicas se van a tener que poner de acuerdo con CEDRO, para pagarles una tasa por citar autores y usar libros. Aunque «no tienen por qué ser cantidades significativas, pero el hecho mismo nos parece alucinante, porque cuando estás hablando del desarrollo de la sociedad del conocimiento, se supone que es favorecer la circulación de la información”, dijo. 

Estas tasas tienen su origen en la presión de las entidades de gestión de derecho de autor, según Gorriarán. «Las sociedades de usufructo de gestión en España están intervenidas por el Gobierno. Después del escándalo de la SGAE con Teddy Bautista y compañía y su enorme descrédito, han decidido, a través de la LPI, que las sociedades de gestión de derecho de autor tienen determinados monopolios, que también son atípicos, porque los monopolios sólo los puede tener un Estado, limitados por las leyes de competencia. Entonces han concedido a entidades privadas un determinado monopolio de cobrar tasas, pero supervisado por el Estado. Para compensarles económicamente por esta intervención de sus cuentas, porque al final es el Estado el que decide lo que pueden cobrar, no ellos como hasta ahora, lo que han hecho ha sido ampliar el círculo de cobro: dicen también vamos a cobrar a las universidades y a las bibliotecas públicas».  

Gorriarán se asombra: «Es algo tan delirante que yo entiendo que la gente no lo crea, hasta que ve que es verdad». Y en cuanto a los autores de esos derechos, agrega que «no tiene nada que ver con pagar al autor, porque para acabar con el círculo del absurdo: el autor de eso no ve nada”, se lamentó. «Leo muchos libros de muchos profesores, soy autor de muchos libros, no voy a ver un duro de eso. Lo que queremos los autores es que nuestros libros circulen, que sean conocidos y que sean citados, sobre todo los autores universitarios. En la universidad, que te citen o no, es muy importante para muchas cosas, sobre todo cosas económicas, sexenios y cosas así».

Una ley monstruo

Según UPyD, lo que ha quedado es «un monstruo, es una ley que va a acabar tumbando más temprano que tarde la propia Comisión Europea, porque se salta casi todas las directivas habidas y por haber, por lo menos su espíritu». Gorriarán explica: «Por eso mismo esta ley tiene otro exotismo verdaderamente increíble: es un Frankestein de las leyes. Tiene una previsión de caducidad, dice que dentro de un año se revisará, lo dice específicamente». ¿Por qué dice eso? «Porque la han hecho sabiendo que probablemente no va a pasar el filtro jurídico europeo y que habrá que rehacerla”. Gorriarán explica que la han hecho así por la colusión de intereses entre grandes grupos editoriales y partidos políticos.

«Como sabéis hay dos puntos de vista opuestos sobre la tasa AEDE: la propia AEDE que está encantada y el de los medios digitales, que están indignados, justamente por el tipo de competencia desleal que les supone; y por otra razón, porque esto va a tener efectos negativos en internet en general. Por ejemplo, Google ya ha dicho que va a cerrar su delegación en España, a pesar de que acaba de abrirla”. Gorriarán dice que están alucinados porque «es una ley que está hecha con una ignorancia absoluta de lo que es internet”.

La pérdida del PIB español en industria digital y cultural

Gorriarán califica de «desesperante» una situación en la que con 5 millones de parados, se cierran las puertas a la creación de empresas y se frena la industria digital y otros sectores punteros en innovación con este tipo de leyes y trae los datos del PIB de la industria digital en otros países. 

«España es el único país de la Eurozona que el porcentaje del PIB que produce la industria digital, sobre todo la industria cultural, en vez de subir, ha bajado. Italia había subido hasta el 5% del PIB de industria digital. Es verdad que Italia tiene mucha industria cultural, pero es que España había partido del 4 % y ahora andamos por el 3 %. Con una diferencia fundamental, Italia tiene un mercado mucho más reducido que España, que tiene el mercado hispanohablante, que es la segunda lengua más usada en Internet, después del inglés”, señala Gorriarán. 

«Y además con las economías emergentes latinoamericanas creciendo mucho, con el uso creciente del español en Estados Unidos, es un mercado impresionante. ¿Qué ha sucedido? Que hemos retrocedido, porque hay un marco legal hostil”, según Gorriarán, «entre la ley de protección de datos y toda la legislación de tipo fiscal made in Montoro, y todo el tinglado de las ayudas y subsidios que al final a los que perjudica es a los emprendedores”.

Gorriarán se refirió al silencio sobre el Canon AEDE en algunos mediospertenecientes a AEDE: «Yo entiendo que los que estéis en medios tenéis un problema, que igual aunque estéis de acuerdo con nosotros, no es la política de la empresa”. Advirtió que «esto es muy serio, se está cerrando el camino a un montón de gente joven e innovadora, se está impidiendo el camino al desarrollo de una industria que necesitamos con urgencia, se están creando tasas ridículas, y creando un malestar social impresionante”. También habló de las políticas culturales: «Se han cargado la industria cultural por el IVA. Por cobrar 4 euros han creado un asesinato industrial: han matado la gallina de los huevos de oro. Estás dejando ese campo que tenía España en los países latinoamericanos a México, a Colombia. Si México consiguiera acabar con sus problemas, nos comería la tostada en dos días». 

Gorriarán dice que los emprendedores jóvenes españoles acaban creando las empresas en Gran Bretaña. Comenta que «hay una página web del Gobierno británico, que se rellena en 15 minutos y tienes que pagar no sé si 5 libras o así para inscribir tu startup, con una legislación con la que si no tienes beneficios no tienes que pagar impuestos y que te da inmediatamente el acceso al principal mercado del mundo en internet”. 

Se pierden oportunidades todos los días, de manera insensata, se lamenta Gorriarán, que apunta que Gran Bretaña ha subido el año pasado el 8 % el porcentaje del PIB de la industria digital, porque muchas startups de Europa, pero sobre todo españoles, se apuntan allí por su legislación. 

Esta ley está en contradicción con otras directivas europeas, según UPyD, y por eso llevarán propuestas al Parlamento Europeo en ese sentido. «Creemos que va a dar bastante juego”, dice Gorriarán, «esta ley está hecha con complejo de culpa«.

Leer artículo completo aquí, de Marilín Gonzalo

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Coalición ProInternet denuncia que el gobierno ha actuado “a espaldas” de Europa con la LPI

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El Gobierno Español ha incumplido trámites que ponen en riesgo la aplicación de la LPI.

– El Gobierno Español se “ha saltado” un procedimiento esencial en el proceso : la comunicación a la Unión Europea
– La Unión Europea ha confirmado por escrito – hasta en dos ocasiones – que el texto de la Ley comunicado a la Unión    Europea no contenía artículos que se han aprobado finalmente
– La Unión europea se centra en el impacto en la competencia y “una internet libre” como base del desarrollo y el  crecimiento
– En su puesta en marcha la Ley supondría el cierre y salida de España de agregadores y medios digitales provocando un  
“Precipicio Digital” único en el mundo.

Madrid, 17 noviembre de 2014. Tras la aprobación en el trámite del Congreso y Senado, y únicamente con los votos del partido del Gobierno, la Coalición Prointernet denuncia que todo el proceso legislativo ha cometido serias irregularidades en sus obligaciones europeas y, además, se ha realizado sin haber mantenido ni un solo contacto con las entidades afectadas, en un proyecto de ley que afecta a la libertad de expresión en vísperas de procesos electorales.

La Coalición Prointernet reitera su petición al Gobierno de la Nación para que paralice la entrada en vigor de la LPI, incluyendo el polémico artículo 32.2 y sus modificaciones, conocidos como “CanonAEDE”, y abra una verdadera mesa negociadora con todos los medios y entidades afectadas.

Irregularidades en el trámite europeo
La Coalición Prointernet ha podido saber, gracias a preguntas de parlamentarios españoles, que el proyecto de Ley que se envió en su día a las autoridades comunitarias no contenía alguno de los artículos más polémicos, como el 32.2 que regula el #canonAEDE.  Esto puede suponer una seria traba en la puesta en marcha de la Ley

Fuentes de las Direcciones Generales Europeas afectadas, consultadas directamente por la Coalición Prointernet, han confirmado que la Ley debería haberse comunicado en su totalidad ya que “es una comunicación de obligado cumplimiento” y que “están monitorizando la situación” ante el incumplimiento por parte de España de este procedimiento. El gobierno Español, consultado asimismo por la Coalición ProInternet insiste en que sí ha comunicado, pero en una fecha en la que determinados artículos, como el polémico 32.2 o CanonAEDE, no podían haber estado incorporados, ya que se anunciaron con posterioridad.   Esto significa que el Gobierno de España ha incumplido sus obligaciones con la Unión Europea, pese a que las normas son muy claras.

El no haber cumplido con este procedimiento esencial puede paralizar la aplicación de la Ley y tener consecuencias para el Estado Español en forma de graves sanciones. Sumado a la posición de la CNMC, esta situación abre la vía a una futura batalla legal tanto en España como en Europa

Desde febrero el Gobierno no ha comunicado la LPI a Europa

El gobierno español está obligado a comunicar las nuevas normas a la UE que pudieran afectar el mercado común . El gobierno notificó en su momento (2013) un borrador de la LPI que no contenía el artículo 32.2 conocido como #canonAEDE.   En una carta recibida por la Coalición Prointernet de la Dirección General Europea encargada del mercado único, esta ente ha confirmado por escrito a la Coalición (Ver imagen 1 adjunta)  que “las autoridades españolas han realizado modificaciones “ y que “deberán comunicarlas”.

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La Coalición ProInternet muestra su sorpresa por la situación creada, en al que una Ley que se presentó con modificaciones sustanciales en febrero de 2014 no ha sido comunicada a las autoridades europeas en más de 9 meses. .

España bajo la lupa de la Vicepresidencia Europea
Por su parte el equipo de la Vice Presidencia ha confirmado por escrito(Ver imagen 2 adjunta), a petición de la coalición, que es esencial “preservar una Internet abierta es esencial para la innovación el crecimiento y el empleo”.

De acuerdo con la en ese momento Vicepresidenta Kroes, la nueva Ley española debe “cumplir la normativa de la EU, incluyendo las normas de competencia” y que por tanto, y tras la solicitud de la Coalición Prointernet“va a monitorizar este proceso, a la luz de las leyes de la UE”.

Este hecho es enormemente relevante al haberse ya pronunciado la autoridad española competente sobre el tema de competencia con su oposición frontal a la nueva tasa a agregadores. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ya mostró su oposición a la redacción de la ley finalmente aprobada al impactar en la competencia.

Hacia un «precipicio Digital»
Empresas españolas y multinacionales del sector ya han anunciado que cesarán sus actividades en España en el momento en que se ponga en marcha. Esto supone un “precipicio digital”, al que nos acercamos inexorablemente, y que supondría el primer caso en el mundo de cierre masivo de medios y agregados.

La Coalición ProInternet quiere expresar su más rotunda protesta ante el impacto de esta Ley, y sobre el precipitado desarrollo legislativo de un proyecto que  daña las libertades y el desarrollo de la economía en Internet, y que se lleva a cabo por el Gobierno sin realizar ni una sola reunión con los afectados.  Un impacto gravísimo, que sumado a otros muchos aspectos de esta redacción lleva a nuestro país a un “precipicio digital” de enorme relevancia para el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Oposición frontal de todo el sector e Instituciones
La Coalición Prointernet y otras entidades como la CNMC, CEOE, etc,  así como decenas de miles de ciudadanos, ya han expresado y asentado en diversos informes el enorme impacto de esta modificación de la LPI, que requeriría, dada su transcendencia,  de mayor diálogo con los sectores implicados y una cuantificación de su impacto en las libertades y el mercado de Internet en España y en Europa.

Seguimos haciendo una llamada al diálogo y el análisis antes de modificar sustancialmente la realidad de Internet en España con enormes riesgos para las empresas, el empleo y la libertad de información de los ciudadanos.

Imagen 1. Carta de la European Commission, DG Enterprise and Industry, Unit C3 | Prevention of Technical Barriers

 

 

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Imagen 2. Email de la Comisión Europea:  Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology – Unit G1 – Converging Media and Content

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Acerca de la Coalición ProInternet (www.coalicionprointernet.es y @CoalicionProInt )
Una decena de empresas y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos decidieron lanzar de forma conjunta la Coalición ProInternet, una plataforma que tiene en común una visión abierta e innovadora del entorno digital y su firme rechazo a determinados aspectos concretos del proyecto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Entre las entidades fundadoras de Coalición ProInternet se encuentran la asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google,  Menéame, WeblogsSL, Hipertextual, Elocuent o Adslzone, los medios  20minutos.es y eldiario.es así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual.
Con posterioridad se han incorporado a la Coalición TICbeat, yoroboku.es , Teleprensa – Madrid, Periodistas por el mundo, Grupo Nexo, OKFN Spain, EcoInteligencia Editorial, Tek’n’life, Actualidad Blog, Trending Topics, FXStreet, Castellón Confidencial, Hosteltur, Wikimedia, La Voz Ciudadana y Lobby Digital.
Coalición Prointernet está abierta a  nuevas adhesiones de cuantos compartan su ideario

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Jeff Jarvis: «Si España impone una tasa a los enlaces, ¿quién va a invertir aquí?»

Artículo de RTVE

Jeff Jarvis en el eventó re:publica en Berlín (Alemania) en 2010.

El profesor de periodismo de la City University de Nueva York, bloguero y gran conocedor de los nuevos medios de comunicación, Jeff Jarvis, está convencido de que imponer una tasa por enlazar contenidos en Internet «va a tener serias implicaciones para Internet y para España«.

Este jueves se aprueba en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Propiedad Intelectual por la que, entre otras medidas, se impone una tasa a los agregadores de contenidos como Google o Menéame por mostrar y enlazar contenidos sujetos a derechos de autor, lo que se conoce como Canon AEDE (por la Asociación de Editores de Diarios Españoles).

Esta aprobación legislativa coincide con la primera estancia de Jarvis en Madrid, quien ha participado en la jornada organizada por Google Big Tent. Con el lema «Construyendo juntos el futuro del periodismo y los medios digitales», el periodista estadounidense ha contado su visión de hacia dónde debería ir el periodismo.

El Canon AEDE «mata la web»

«Entiendo que el Gobierno español ha impuesto una tasa a los agregadores para matar la web», ha sentenciado Jarvis a RTVE.es. «En Alemania han intentado sacar ventaja para los editores y desfavorecer a los competidores, especialmente a Google. Fue una lucha absurda y ridícula y los editores finalmente perdieron«, ha contado.

Tras varios años de lucha por parte del Gobierno alemán para que los agregadores pagaran por los fragmentos de noticias que aparecen en Google News, esta semana los editores alemanes han renunciado a la compensación y finalmente se podrán enlazar y mostrar contenidos con derechos de autor.

«Los editores se han dado cuenta de que necesitan la audiencia que les daban Google y otros agregadores. Si España grava el enlace, tendrá un enorme impacto en la libertad y apertura de la red y empezará a matar a las empresas periodísticas, porque nadie va a pagar la tasa por enlazar», opina Jarvis.

«Muchos países pueden ser territorio hostil para la innovación e inversión»

El periodista ha afirmado que teme que muchos países se pueden convertir en «territorio hostil» para la tecnología, innovación y la inversión. «Si vas a invertir en nuevas tecnologías y España impone la tasa sobre los enlaces, ¿vas a invertir aquí?», ha rematado.

Internet, lugar para comp​artir

Jarvis se caracteriza por ser un defensor del conocimiento compartido, ya en su obra Public Parts cuenta cómo compartió con otros usuarios a través de su blog su experiencia cuando padeció cáncer de próstata, y afirma que eso le permitió recibir mucha información y apoyo de otras personas.

«Si compartes, piensa qué muestras, dónde y por qué»

«Internet es un gran lugar para compartir conocimiento, conectar con otros. Pero si decides compartir tienes que ser consciente de qué muestras, dónde y por qué, porque pierdes el control sobre tu contenido», comenta.

Sobre la filtración de información por parte del extécnico de la CIA, Edward Snowden, que expuso las prácticas de espionaje del Gobierno estadounidense, Jarvis ha pedido disculpas por el comportamiento del Gobierno de EE. UU.

«Es vergonzoso», ha sentenciado, y ha reconocido que ha hecho daño «a la nube, a la red y a la tecnología». «Hace que la gente tenga miedo por preservar su privacidad (…). Quiero vivir en un mundo en el que compartir sea algo bueno, no algo de lo que tener miedo. Tenemos que llevar la luz a las compañías y gobiernos, que tengan cuidado con la privacidad de la gente«, ha finalizado.

Artículo de VICKY BOLAÑOS

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«Chapuza digital en el Senado»

Artículo de «Media-Tics»

El Senado aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con la polémica “tasa Google”…pero por un año

Chapuza digital en el Senado

El miércoles 16 de octubre, el Senado aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que ya solo le queda la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados. En ella se incluye el polémico artículo 32.2, conocido como la “tasa Google”, un enorme error que coloca a España a la cola de la innovación digital. Pero a última hora el Gobierno añadió una disposición final cuarta donde se afirma que la reforma tiene validez por un año. O sea, una chapuza con plazo de caducidad de cara a que el PP pueda afrontar las próximas citas electorales con los grandes editores sometidos a la ley de hierro de las ayudas estatales.

En la disposición final se precisa que el Gobierno tiene un año para llevar a cabo “los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento”. O sea, que el Gobierno es consciente de que esta reforma, con su “tasa Google” incluida, no se ajusta para nada a dichas necesidades de la sociedad del conocimiento, pero da un capotazo con fecha de caducidad a los grandes editores de prensa de este país, en un intento de salvarles al menos parcialmente el desastroso estado de sus cuentas de resultados. Un año es el tiempo que el PP puede necesitar para intentar revertir ante la opinión pública la caída de popularidad que está sufriendo con el manejo de la gran crisis económica.

El Gobierno y los grandes editores de la vieja prensa de papel agrupados en torno a la AEDE, saben perfectamente que Google no va a pagar nunca ni esa tasa ni ninguna otra por el estilo y que antes cerrará Google News en España. El máximo responsable de Google News, Richard Gingras lo ha dejado bien claro en su visita a Madrid hace unos días. Además, tenemos el ejemplo de Alemania, donde el gigante de Internet ha minimizado los enlaces que hace a algunos de los grandes periódicos que solicitaban una tasa parecida a la que España reclama. Para soslayar este peligro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha colado en el famoso artículo 32.2 la precisión de que esta tasa es “irrenunciable”, con lo que ninguna publicación digital podrá soslayar la reclamación de dicha tasa. Si está bien claro que Google no pagará esa tasa pues para ellos –como para todo el mundo de cultura digital- dicho canon va contra las leyes no escritas de Internet que consagran el derecho a citar y vincular cualquier noticia o información, ¿por qué este empeño sin sentido? Porque esperan que, ante la imposibilidad de sacarle el dinero al gigante norteamericano de Internet, el Gobierno termine pagando a los grandes editores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, igual que se hace con la compensación por copia privada.

El Gobierno se asegura la docilidad de los grandes editores y, de paso, la naciente galaxia de la información digital pura (en España hay más de 1.000 webs de información de todo tipo, locales y de nicho, y crecen a una velocidad superior a una al día), mucho más díscola e independiente en sus informaciones y líneas editoriales, recibe un castigo, pues si no son enlazados por el buscador, sus audiencias caerán, con beneficio para los grandes diarios, cuyas cabeceras son aún bien conocidas por el público en general. Estamos por tanto en una batalla donde, además de los factores reseñados, subyace una guerra entre el mundo de los grandes editores de papel que se desmorona y los centenares de pequeños editores digitales, a través de los cuales se informa ya en torno a un 30% de la población española.

El diario “Expansión” publica hoy jueves un vergonzante editorial titulado “Remuneración lógica a los editores de medios”. Apoya el canon AEDE “porque la premisa de la que parte la ley, y que reviste toda la lógica económica, es que quien haga uso comercial del contenido generado por los medios de comunicación deba remunerarse por ello”. Esa aparente lógica económica es un subterfugio falaz, ya que parte de una premisa que está siendo barrida por la cultura digital. En vez de enfrentarse al reto de la transición digital, prefieren chocar de frente contra el futuro a cambio de intentar salvar un abismal presente. Tanto en “Expansión” como en “El Mundo” o “El País”, hay excelentes periodistas que escriben solventes informaciones sobre el mundo digital y saben bien de lo que hablan. Es una pena que una vez más, los editores no estén a la altura de las circunstancias. La prensa española tiene un retraso histórico en su transición digital, con unos ingresos digitales ridículos en comparación con su facturación total. Pero en vez de afrontar este desafío con renovadas inversiones, alianzas, rigor, riesgo e innovación, prefieren echarse en brazos de un gobierno que está demostrando repetidamente su ceguera digital. Los editores, grandes y pequeños, deben llegar a un entendimiento justo con los gigantes de Internet, porque se necesitan mutuamente. Ése es el camino adecuado y no las tasas vergonzantes.

El próximo 6 de noviembre en Madrid se celebrará un importante evento: “Oracle Day 2014”. El tema central es la disrupción digital. Los organizadores subrayan que en el 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados frente a los 9.000 millones que había en 2012; que los datos se van a multiplicar por 50 en ese periodo; que los datos móviles crecen a un ritmo del 78% anual, etc. El gigante de la informática corporativa advierte que las organizaciones tienen un 75% de aplicaciones viejas ya de más de dos décadas. Nuestro Gobierno también parece que tiene una visión de hace más de 20 años. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría debería apuntarse a este evento.

Artículo de Miguel Ormaetxea

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Google News puede cerrar en España

Artículo de «El Mundo»

El responsable mundial de Google News, Richard Gingras, y el jefe comercial internacional, Madhav Chinnappa, han estado en Madrid a finales de septiembre. Han mantenido entrevistas y reuniones de trabajo con clientes, socios, periodistas, profesionales del sector…. Y se han visto con altos representantes de la Administración española, entre ellos, la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, el de Comercio, Jaime García-Legaz o el de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo. En esas reuniones los dos ejecutivos de Google sondearon las intenciones del Ejecutivo sobre una cuestión que ellos consideran fundamental para el negocio del gigante de Mountain View y sin la cual no se entiende el negocio de Google: la libertad para enlazar de forma gratuita contenidos que son públicos. No parece que salieran demasiado satisfechos de esos encuentros.

Google acaba de dar un golpe de mano en Alemania y está dispuesto a cerrar el servicio Google News en España si la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que se aprueba mañana en el Senado le obliga a pagar a los editores por los contenidos de las webs que enlace a partir de ahora. Sería el primer país democrático del mundo en el que la compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin cerrara su popular servicio.

El problema radica en el artículo 32.2 de la LPI, que establece elpago irrenunciable de un canon por parte de los agregadores de noticias a los editores de contenidos como compensación por el uso de los mismos. Es lo que se ha denominado tasa Google, porque es el principal agregador del mercado, o canon AEDE, porque ha sido la Asociación que engloba a los editores de medio la principal impulsora de ese artículo. ¿Dónde está la discrepancia? Los editores dicen que Google y el resto de agregadores -también las redes sociales- se lucran enlazando los contenidos que ellos producen y que cuestan dinero. Contra esto, Google responde que News no obliga a ningún medio a estar en ese servicio.

El artículo 32.2 ha sido polémico durante toda la tramitación parlamentaria y ha generado muchas críticas. La más significativallegó desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el canon limita la libertad de empresa al crear una barrera de acceso a quienes quieran entrar en el mercado de los agregadores de contenidos. La CNMC cuestiona también que el cobro del canon se tramite a través de las entidades de gestión de derechos de autor. Además, Competencia recuerda que «existen soluciones técnicas, sencillas y gratuitas», que evitarían, si así lo desea el editor, los enlaces como «el fichero estandarizado robots.txt, cada propietario de una página web puede impedir o delimitar, fácilmente y sin costes, el rastreo de cualquier buscador y agregador de noticias con el grado de detalle que se desee».

¿A qué se debe, pues, las inversiones de los periódicos en mejorar el posicionamiento de sus webs en los buscadores, mediante SEO o SEM si, según sus responsables, cuanto mejor posicionado estés, más dinero pierdes?, se preguntaba la Comisión de Competencia. La AEDE, por el contrario, se ha negado a usar esta opción: «La realidad es que esto resulta inviable para cada uno de los editores de forma aislada. El mismo dominio de Google como buscador global haría que,si un editor decide no indexar sus contenidos en Google News, pondría en peligro la aparición de sus noticias en el buscador de Google, lo que es prácticamente decir adiós a internet. Por esto es importante la irrenunciabilidad al derecho de compensación». Y así está recogido en la LPI.

Google ya ha tenido problemas de este tipo en algunos países europeos pero en ningún caso se ha llegado al extremo de España. En Francia, por ejemplo, se alcanzó un acuerdo por el que Google pagó unos 60 millones de euros a los editores en concepto de inversión en el desarrollo digital de la prensa. El caso alemán viene de lejos. Allí, Google sólo indexa a los medios que se dan de alta voluntariamente en el servicio Google News porque la ley protege a los editores que no quieren aparecer. El último enfrentamiento se ha producido porque algunos periódicos han demandado al buscador por incluir fragmentos de texto e ilustraciones en los enlaces. La respuesta de Google ha sido inmediata: ya no muestra ni los resúmenes (snippets) ni las imágenes (thumbnail), en los resultados de búsqueda, sólo los enlaces y los titulares. Google dice que sirve a los medios alemanes 5.000 millones de visitas y estima que cada clic que proporciona genera unos 12 o 16 céntimos. Es lo que pueden perder esos medios.

No hay datos oficiales en España, pero el posible cierre de Google News podría suponer una sensible pérdida del tráfico de las ediciones digitales de los periódicos -del 10% en los grandes y casi el 30% en el resto-y de los ingresos que genera la publicidad digital. Pero al margen del daño económico que el canon pueda suponer para los medios, Google y los demás agregadores se quejan de los riesgos para la libertad de información que conlleva restringir el enlace en la era de internet.

Artículo de @vicentelozano

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El Tribunal Supremo consulta a la UE si el canon que se propone en la nueva LPI es legal

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sigue de polémica en polémica. Si recordais, ya en varias ocasiones hemos comentado por aquí cómo casi todos, incluyendo usuarios y asociaciones gestoras de los derechos de autor, hanmostrado su desacuerdo con el texto propuesto. A pesar de todo, fue aprobada de urgencia en el Congreso. Ahora, y en plena tramitación en el Senado, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por tres entidades de gestión y ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la UE.

María González Gembeta.com.- En concreto, el Supremo realiza dos cuestiones relativas al sistema de compensación equitativa por copia privada (el «canon» de toda la vida, no confundir con el Canon AEDE que es otra cosa), que en la reforma de la LPI pasa a sufragarse con los Presupuestos Generales del Estado. ¿Significa esto que la aprobación de la ley está paralizada o suspendida, como afirman algunos medios? A falta de tener más detalles, no exactamente.

De momento no se ha paralizado la aprobación de la Ley, sino que lo más seguro es que dejen fuera la parte referente al «canon»

Desde Genbeta hemos podido hablar con David Maeztu, abogado especialista en TIC y autor de Del derecho y las normas. Según nos explica David, y dado que el plazo para enmiendas en el Senado se ampliaba ayer justo hasta el 31 de octubre, lo más probable es que introduzcan una enmienda que elimine toda referencia al canon por copia privada a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE responda a la consulta realizada por el Tribunal Supremo. El resto de la reforma, en principio, seguirá adelante.

Volviendo al canon, las preguntas que ha hecho el Tribunal Supremo a la UE son, según El Confidencial, las siguientes:

A – «¿Es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?». 

B – «Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?»

En esencia, la cuestión es si el canon puede sufragarse con dinero de todos (a través de los Presupuestos Generales del Estado) en lugar de que sean los propios usuarios que hacen las copias privadas los que paguen una tasa por ello. Ahora la pelota está en la cancha del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá que decidir en qué acaba el polémico canon