Artículo «Diario Turing»
Foto: Amio Cajander
España ocultó a la Unión Europea su intención de obligar al pago de una tasa para aquellos editores digitales que usen enlaces en sus publicaciones. En Europa nada saben de la llamada «tasa Google» o «canon AEDE» que el equipo de Rajoy incluyó en su proyecto de ley de propiedad intelectual. El Ministerio de Exteriores español notificó a Bruselas sus planes en materia de propiedad intelectual en una notificación que llegó a su destinatario en mayo de 2013. Para entonces, la tasa Google todavía no había sido incorporada en la ley. De este modo, España evitó transmitir a Europa el punto más polémico de su planpara regular las garantías de propiedad intelectual en internet.
UPyD pregunta a la Comisión Europea
La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra ha preguntado esta semana a la Comisión Europea qué medidas tomará por las «modificaciones significativas» al proyecto de ley de propiedad intelectual. La pregunta tiene carácter de «prioritaria», lo que indica que debe responderse antes de tres semanas, y se refiere a las posibles infracciones de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. El canon AEDE ha sido estudiado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) quienes señalan que su impacto económico sería de 1.133 millones de euros al año para los usuarios de internet en España, además de procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido.
El texto presentado por UPyD es el siguiente:
Como consecuencia del envío de información insuficiente, la Comisión Europea podría paralizar la tramitación y/o aplicación de la ley de propiedad intelectual. Según el trámite habitual, Europa deberá ahora recabar nueva información de España al efecto de conocer en su totalidad los planes del Gobierno de Rajoy para regular la sociedad de la información. Sobre si las advertencias de la Comisión pueden implicar sanciones para España, la europarlamentaria Becerra, en comunicación con eldiario.es, expresó que « hay precedentes de sanción» con condena en costas, señalando el caso de Grecia en 2006.
Frente a esta posibilidad, el Ejecutivo de Rajoy hasta la fecha no se ha dado por enterado considerando que no debe aportar más información a Europa. En respuesta a una pregunta por escrito de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), el Gobierno da por enviadas todas las explicaciones, a pesar de que la documentación remitida a las autoridades europeas no recoge el punto más polémico del texto legal.
La legislación europea obliga a los estados miembros a informar de cualquier legislación que afecte a la sociedad de la información, a través de la Directiva 98/34/CE.
