Según un informe de Afi para la Coalición Pro Internet, la introducción de un canon afectaría negativamente a la eficiencia en la búsqueda de información, a la libertad empresarial, a la competencia y a la seguridad jurídica
Madrid, 3 de julio de 2014.
La implantación del denominado ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros anuales para los internautas españoles, al incrementarse su tiempo de búsqueda para acceder a la información deseada. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Coalición Pro Internet, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual (LPI) que prevé el ‘’derecho irrenunciable’’ de los editores de prensa a percibir un canon de los prestadores de servicios electrónicos de agregación.
Afi ha estimado el tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada en ausencia de agregadores, un tiempo que se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas. Es precisamente este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas. Un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.
El informe de Afi incluye una amplia descripción de las implicaciones económicas que acarrearía la modificación de la LPI en caso de llevarse a cabo. En sus conclusiones, destaca que la introducción del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo sobre la eficiencia, la libre competencia, la innovación tecnológica y empresarial, y la seguridad jurídica.
La introducción de un canon está destinada a resolver un fallo de mercado cuya existencia es discutible, dado que no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. Es más, la existencia de mecanismos de opt-out que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas ofrece una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados.
A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de Internet en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.
Tal y como se plantea en la propuesta de modificación de la LPI, una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licencias copyleft (Creative Commons, por ejemplo) o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores.
Desde un punto de vista macroeconómico, podrían producirse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido; se desincentivaría la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación, y, finalmente, de producirse la modificación legislativa, sería un cambio normativo discrecional en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España. Los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en Internet. Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario.
El estudio de Afi considera que la agregación de contenidos no genera un fallo de mercado, ni impide que los editores reciban una compensación por sus actividades productivas.
Acerca de la Coalición Pro Internet.
Una decena de empresas y organizaciones procedentes de diversos sectores económicos han decidido lanzar de forma conjunta este año la Coalición Pro Internet, una plataforma que tiene en común una visión abierta e innovadora del entorno digital y su firme rechazo a determinados aspectos concretos del proyecto de reforma de Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Entre las entidades fundadoras de Coalición Pro Internet se encuentran la asociación de editores de prensa AEEPP, la Asociación Española de Economía Digital (ADigital), la Asociación de Internautas, Google, Menéame, WeblogsSL, Hipertextual, Elocuent o Adslzone, los medios 20minutos.es y eldiario.es así como profesionales de la comunicación del sector digital a título individual. Con posterioridad se han incorporado a la Coalición TICbeat, yorokobu.es, Teleprensa – Madrid, Periodistas por el mundo, Grupo Nexo, OKFN Spain, EcoInteligencia Editorial y Tek’n’life.
Acerca de Afi.
Afi es una compañía líder en consultoría económica y financiera independiente. Creada en 1987, se ha convertido en un referente en el ámbito económico-financiero español y cuenta con una presencia internacional cada vez mayor. Su modelo de consultoría se basa en el rigor técnico combinado con una fuerte orientación al cliente, al servicio y a la innovación para dar respuesta a todas sus inquietudes.
Puedes ver y descargar aquí el informe completo:
Conclusiones
A lo largo de este documento se han presentado los principales impactos de carácter económico que cabría esperar como resultado de la introducción de un canon o compensación a los editores de noticias por parte de los agregadores de contenidos informativos on-line. A la luz de este análisis, resulta difícil justificar la racionalidad económica de la modificación a la LPI propuesta por el Gobierno. En síntesis, las principales conclusiones que se extraen son las siguientes:
– No se ha demostrado que la agregación de contenidos genere un fallo de mercado en la puesta a disposición del público de información períodica, ni existe limitación intrínseca que impida a los editores recibir una compensación de mercado por sus actividades productivas. La actividad de agregación tampoco restringe la cantidad socialmente deseable de información.
– Los instrumentos de agregación de contenidos aportan un valor añadido específico y diferencial respecto a los buscadores tradicionales. Contribuyen a reducir los costes de búsqueda de información en una red que se expande de manera continua. Tomando como referencia los resultados de la Encuesta Europea de Consumo de Servicios procedentes de medios de comunicación de 2012, cada vez es mayor el número de consumidores que manifiesta utilizar los servicios on-line para acceder a información que no puede conseguir empleando sus recursos (tiempo disponible, fundamentalmente, aunque también podrían aplicar otros costes) a través de otras fuentes de información alternativas. En 2012, la media de los países analizados se situaba en el 62%. Por otro lado, una amplia mayoría de consumidores europeos (rango entre el 65 y el 78%, dependiendo de los países analizados) afirman que, en la actualidad, tienen acceso a contenidos on-line de mayor calidad en comparación con tres años atrás.
– Los usuarios de la Red se ven beneficiados por estos instrumentos por dos motivos fundamentales: incrementan su capacidad de elección y reducen el tiempo necesario para acceder a la información deseada. Para el caso español, un aumento de un 2% en el tiempo de acceso a la información de actualidad (es decir, pasar de 5,15 a 5,26 minutos empleados por promedio en una noticia) supondría una pérdida de bienestar valorada en unos 65,7 euros por usuario al año. Teniendo en cuenta que en España existen aproximadamente unos 17,2 millones de internautas lectores de noticias on-line, el impacto agregado sobre el bienestar ascendería a unos 1.133 millones de euros, lo que equivale al 0,11% del PIB.
– Al mismo tiempo, los propios creadores de contenidos y los editores convencionales de los mismos ven reforzada su actividad por el efecto multiplicador que la agregación avanzada opera sobre los demandantes de información. Estos efectos han sido puestos de manifiesto en distintas investigaciones de carácter empírico.
– La existencia de competencia directa entre los editores de prensa y los agregadores de noticias resulta cuanto menos cuestionable, así como la necesidad de que exista una compensación irrenunciable e incluso la dirección en la que, en su caso, esta contraprestación se produciría en el mercado.
– La modificación de la LPI tendría consecuencias negativas que pueden analizarse desde una perspectiva micro y macroeconómica.
– A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de la Red, en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.
– A escala macroeconómica, podrían observarse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido. Asimismo, la modificación de la LPI podría desincentivar la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación. Por último, su introducción supondría un cambio normativo discrecional orientado a proteger el modelo de negocio de un limitado grupo de editores (en detrimento del interés general), lo que supondría un menoscabo de la seguridad jurídica en España.
@davidsalcestup
