Julio Alonso (Madrid, 1968) es uno de los principales emprendedores y expertos en contenidos e internet de nuestro país, así como uno de esos grandes desconocidos para el gran público. Fue uno de los pocos invitados por Sarkozy en 2011 a la reunión del Forum eG8 junto a referentes como Marc Zuckerberg, Rupert Murdoch, Eric Schmidt o Jimmy Wales. Activista a favor de la libertad en la red, ha sufrido varias demandas por defender sus ideas y la libertad de expresión en internet.
Entonces llega la nueva legislación sobre enlaces, prensa tradicional y su impacto. ¿Cómo crees que afectará y cómo se ve desde fuera?
Me parece una indecencia de arriba a abajo. Buena parte del texto ya lo conocíamos y va en la línea de penalizar más el enlace, reducir el derecho de copia privada, involucrar en su persecución a agentes que nada tienen que ver como los medios de pago y los anunciantes, cobrar a las universidades… El factor añadido ahora es el llamado Canon AEDE. Creo que la frase que mejor resume todo esto es que, en España, de forma sistemática se producen transferencias de renta hacia lobbies que consiguen que el Gobierno legisle en su favor. Esto es solo un ejemplo más de ello. También los hay en otros sectores de actividad económica. El canon posiblemente se apruebe dentro de la reforma de la ley, pero no tienen ninguna posibilidad de generar el efecto deseado: proporcionar ingresos a los editores de medios tradicionales. En el caso de Google News, lo más probable es que Google cierre el servicio para España. O, en su defecto, que llegue a algún acuerdo con los editores para darles algo de dinero a cambio de que inviertan en sus productos o algo así que les permita salvar la cara. Pero en ningún caso les veo pagando por enlazar o por usar «fragmentos no significativos».
Aquí el lobby ha sido espabilado y ha buscado la forma de desactivar el escenario alemán. Allí cada medio podía decidir si reclamaba el pago. Así, Google News decidió que para participar en Google News había que declarar que querías y que no ibas a solicitar el pago. Todos los medios se apuntaron. Fin del problema. Aquí han intentado evitar eso con el recurso al «derecho irrenunciable» manejado por una entidad de gestión…
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