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CEDRO será la entidad encargada de cobrar el Canon AEDE

Ya se sabe cuál será la entidad encargada de cobrar el Canon AEDE que impone la Ley de Propiedad Intelectual. La entidad de derechos de autor CEDRO ha sido designada por el Ministerio de Educación y Cultura para cobrar la llamada Tasa Google, pese a que todavía no hay ningún reglamento aprobado que regule esta normativa que entró en vigor hace siete meses.

Pero aún habiendo ausencia de este reglamento, lo cierto es que ya está habiendo movimientos por parte de CEDRO en relación a los diarios digitales. Una de los sectores más afectados por la nueva Ley de Propiedad Intelectual son las agencias de clipping que, como nos hacen llegar, llevan meses recibiendo correos de CEDRO para indicar «el porcentaje de artículos procedentes de la prensa digital que incluye el servicio que ofrece el cliente», «porcentaje de artículos de los que sólo se ofrece el título», «porcentaje de artículos de los que sólo se incluye el título más entradilla» y «porcentaje de artículos que son PDF en la noticia completa».

Así, interpretamos que están tanteando el terreno para saber cuánto se podrá cobrar en el futuro, por lo que las agencias de clipping están empezando a temer que las prácticas que estén llevando a cabo tengan un coste después que no han presupuestado.

La conclusión es evidente. CEDRO, con la gestión del cobro del Canon AEDE, es la nueva SGAE.

A continuación, uno de los correos que recibió una agencia de clipping desde CEDRO.

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El #CanonAEDE más cerca de ser realidad: aprobada la reforma de la #LPI en el Senado

Artículo de «Xacata»

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Nada parece poder con el Canon AEDE. Ni las dudas que plantea a la CNMC ni las afirmaciones que dejan claro que se trata de una modificación que el gobierno ha creado para la propia AEDE han detenido la aprobación de la modificación de la LPI primero en la Comisión de Cultura del Congreso y hace unos minutos, en el Senado. Ahora le llega el turno al Congreso, que si la lógica se impone ypese a las propuestas de la oposición, acabará por refrendar este acuerdo (con los únicos votos del PP) alcanzado hoy.

De esa reforma de la LPI lo más polémico es el llamado Canon AEDE o tasa Google, que amenaza con alterar algo innato a Internet: los enlaces.

De hecho, esta misma mañana el rumor más potente relacionado con este tema tenía a una posible salida del servicio Google News de España como protagonista, pues en la normativa que se acabaría aprobando en España, ese canon por enlazar sería irrenunciable y obligaría a los agregadores, lleven o no publicidad, compensar a los medios por el simple hecho de enlazarlos.

De no hacerlo así, estarían expuestos a multas que ya serían de entre 150.000 y 600.000 euros, entrando para más sorna en vigor desde el 1 de enero de 2015, por lo que el margen para poder adaptarse en caso de querer seguir con el servicio, sería mínimo.

 

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Si no te gusta la web, eres muy libre de irte

Artículo de Enrique Dans

Google adopta finalmente la actitud seria y coherente que muchos llevábamos tiempo exigiéndole, yreplica a los diarios alemanes que si no permiten que sus contenidos sean indexados de forma gratuita, sencillamente dejará de indexarlos. Por el momento, la medida consiste en la eliminación de las imágenes y lossnippets (fragmentos no significativos de texto) de los resultados de búsqueda, pero a nadie escapa que, en realidad, se trata tan solo de un primer paso que, en caso de persistir los medios en su actitud, podría llegar a marcar su desaparición.

Los medios alemanes afectados acusan a la compañía de chantaje, una acusación tan ridícula como absurda: Google únicamente está, en este caso, defendiendo la naturaleza abierta de la web, y concretamente, una de sus reglas de oro fundacionales: que enlazar es completamente libre. Los primeros en amenazar y chantajear no solo a Google, sino por extensión a toda la web, han sido unos medios que, con una mentalidad propia del siglo pasado, pretenden alterar el funcionamiento del entorno en el que les ha tocado vivir.

No nos engañemos: no se trata de ninguna disputa sobre la propiedad intelectual de las noticias – concepto que por otro lado sería muy discutible – sino de una forma de rapiña auspiciada por los gobiernos de turno, que han visto además en la posibilidad de financiar a los medios de comunicación una manera de asegurarse un trato más favorable. Un auténtico caso de corrupción: tengo algo que el gobierno quiere, y lo pongo sobre la mesa de negociación a cambio de que ese mismo gobierno dicte leyes que me autoricen a extorsionar a un tercero.

El problema de Google no es pagar o no pagar un dinero a una serie de medios, sino convertirse en excusa para que, a partir de ese momento, esos mismos medios pueda reclamar el cobro, en forma de canon, a cualquier otro. Google tiene recursos para pagar a los medios que haga falta pagar, pero muchas páginas on los tenemos, y la sola idea de pagar por enlazar y comentar una noticia es algo completamente inaceptable, que se convertiría además en una suerte de “impuesto a la opinión” o a la conversación. En la práctica, es como si el gobierno pretendiese cobrarnos un canon por el derecho a comentar las noticias en la barra del bar.

Los periódicos convencionales tienen un serio dilema: tras años no siendo capaces de adaptarse a la web y perdiendo dinero en ella de manera sostenida, pretenden que llegue un tercero que sí se ha adaptado y les pague la factura. Auxiliados por gobiernos irresponsables o directamente corruptos que se arrogan el derecho a cambiar directores de periódicos a golpe de subvención y de publicidad institucional, se han erigido en un lobby que pretende, de manera absolutamente megalomaníaca, cambiar las reglas de la web, reescribir el concepto de enlace, y decidir quién paga a quién y por qué, en virtud de conceptos que siempre estuvieron y seguirán estando al margen de ese tipo de cuestiones. Un enlace es un enlace, y mientras el contenido o el tono de mi enlace no sea constitutivo de delito, puedo enlazar libremente a quien me dé la gana, cuando me dé la gana, y por supuesto, sin pagar a nadie.

La medida de Google representa tan solo un primer paso. La compañía, claramente, ha tratado por todos los medios de evitarla, pero llega un momento en que la cuestión se vuelve incoherente: no puedes estar reclamando firmeza a todos tus compañeros de viaje, a las asociaciones, a los medios con concepciones más racionales de la web o a los agregadores, y mientras, estar manteniendo una actitud tibia, extremadamente prudente y con un talante casi negociador, porque se interpreta como que estás en realidad queriendo nadar y guardar la ropa.

Obviamente, la solución de excluir a determinados periódicos del índice no gusta a nadie: ni al que la toma, ni a los medios afectados, ni a los usuarios. El buscador pasa a tener un índice que no refleja la totalidad de la información, sino que deja fuera una parte de ella. Los usuarios pasan a tener una herramienta con resultados de peor calidad. Y los medios, con la exclusión, pierden un tráfico que les aporta un flujo constante de visitas, y sobre todo, que marca en gran medida su nivel de relevancia y su capacidad de influencia. Pero la medida supone la única posibilidad de reconducir una situación demencial a la que solo una conjunción de intereses tan perfecta como la codicia de los medios y la corrupción e incompetencia de determinados políticos nos había llevado. Un buscador pierde mucho cuando excluye páginas de su índice, pero ninguna fuente es insustituible, menos aún si lo que pretendía era, por algún tipo de “derecho divino”, cambiar a su antojo reglas que no son suyas ni del buscador afectado, sino de todos los usuarios. Si a alguien no le gustan las reglas de la web, es muy libre de excluirse de ella.

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Internautas y Usuarios proponen soluciones definitivas al Canon Digital

La solución propuesta pasa por que el Canon por copia privada se aplique directamente sobre la obra original y por la eliminación del articulo 32.2.

La plataforma, que cuenta con el apoyo de tres millones de ciudadanos, se opone al recorte de libertades en internet que plantea la reforma de la LPI que en estos momentos se está debatiendo en el Senado

El Supremo cuestiona, a instancias de las entidades de gestión, la solución propuesta en la ley de cargar el Canon a los presupuestos. El Partido Popular prometió cambiar el sistema de gestión del Canon por copia privada

18 septiembre de 2014 Las asociaciones de Internautas (internatutas.org) y de Usuarios de Internet (aui.es) le recuerdan al gobierno sus compromisos electorales y la oportunidad de rectificar los errores cometidos en la tramitación de la reforma de la LPI que se va a votar estos días en el Senado.

Las enmiendas registradas por las Asociaciones piden que el canon por copia privada se aplique a la obra original ya que es necesario que la obra se adquiera legalmente para poder ser copiada. De esta forma paga el Canon quien adquiere el derecho y lo cobra íntegramente el autor que tiene libertad para fijar el canon que quiera aplicar a cada una de sus obras y sin la necesidad de organizaciones intermedias que son las autenticas beneficiarias del Canon tal y como lo conocemos en el pasado.

“Resulta sorprendente que el gobierno se empeñe en aprobar una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual cuando la Unión Europea está debatiendo una directiva en esta materia y proponiendo la creación de un mercado digital único. Todavía nos sorprende más que esta incluya dos Cánones Digitales y qué quien lo proponga sea el Partido Popular cuyo programa electoral recogía expresamente la eliminación de los mismos y la búsqueda de formulas alternativas” declaro Pérez Subías Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet

En palabras de Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, “La cesión de impuestos a entidades privadas es una práctica de otros tiempos que antepone el interés privado al interés general y que lejos de ayudar a los creadores de contenidos los limita, frena la innovación y no resuelve la situación de una industria, la de los contenidos, sumida en un profundo proceso de reconversión.”

La plataforma todoscontraelcanon.org está compuesta por 34 organizaciones. Desde su creación en contra del Canon Digital ha recogido 1.004.209 firmas Individuales; 4.368 firmas Colectivas que representan a 1.162.815 ciudadanos y 29 Ayuntamientos que representan a 1.286.910 ciudadanos que aprobaron su oposición al mismo en Plenos municipales

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A un paso de la implantación del #CanonAEDE

Artículo de TICbeat

ticbeat

Si todo ocurre como está previsto el próximo 22 de julio se aprobará la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en comisión con competencia legislativa plena, es decir, parece que no pasará por el pleno para su debate público. El documento al que se dará luz verde incorpora la implantación del llamado ‘canon AEDE’, una tasa que se impondrá a agregadores de contenidos en la Red (por ejemplo Google News, de ahí que este canon también haya sido denominado ‘tasa Google’), blogs, medios de comunicación digitales y, en definitiva, a cualquiera que tenga un portal en Internet y cite y enlace a otro site dentro del suyo.

Esta medida, apoyada por AEDE (la Asociación de Editores de Diarios Españoles) ha sido no obstante criticada por un amplio espectro de jugadores de la industria, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), además de numerosos medios de comunicación, muchos de los cuales se han unido en la Coalición Pro Internet para intentar paralizar la aprobación de dicho canon que, estiman, tendrá efectos muy negativos para el futuro de Internet en España y de los negocios digitales que emergen cada vez con más fuerza en nuestro país.

Es más, un reciente informe de AFI (Analistas Financieros Internacionales), realizado para la citada coalición [ver informe en PDF], asevera que la aprobación de esta medida tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas españoles, además de señalar que iría en detrimento de la eficiencia en la búsqueda de información, la libertad empresarial, la competencia y la seguridad jurídica.

¿Cómo estiman los expertos de la AFI esta cifra? Desde la Asociación han calculado el tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada si no hubiera agregadores, un tiempo que, indican, “se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas”. Es este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas. En este sentido, en el informe aseveran que un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.

Un “fallo de mercado discutible”

Desde la AFI añaden, además, que la existencia del presunto “fallo de mercado” que la normativa pretende resolver es discutible, pues no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. “Es más, la existencia de mecanismos de opt-out que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas ofrece una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados”, añaden. Es más, los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en Internet. “Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario”, apunta.

Muestra de ello es que un centenar de publicaciones que hasta ahora no estaban presentes en Google News han solicitado esta semana darse de alta en el servicio con efecto inmediato, con el fin de aumentar su tráfico y llegar mejor a los usuarios. Los medios que han adoptado esta medida son revistas y diarios de la AEEPP que incluyen cabeceras de Galicia a Andalucía; de Extremadura a Cataluña; de Madrid, Aragón ó Canarias y cubren diversas áreas temáticas desde la información general, política, local, deportiva hasta la profesional y técnica, desde la energía a las telecomunicaciones, la salud o la construcción.

Los editores de dichos medios también han reclamado que se paralicen las modificaciones que el Gobierno pretende introducir en la LPI. Lógico si pensamos que, como señala el informe de AFI, si se aprobara esta medida podría verse resentida la estructura de mercado del sector editorial ya que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse si no hubiera este tipo de plataformas. “Una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licenciascopyleft (Creative Commons, por ejemplo) o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores”, reza el documento.

Otros efectos colaterales

Ya en otro orden de términos, a una escala macroeconómica, los efectos de la aprobación de la normativa podrían ir, según AFI, desde la deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido, hasta la merma de los incentivos para la innovación tecnológica y empresarial relacionada con los servicios de información y comunicación, por no hablar de que éste sería un cambio normativo discrecional “en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España”.

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